El caso de la ex Senadora no es igual al de estos congresistas que interpusieron demandas ante la CIDH para condenar económicamente al Estado colombiano, por haber sido juzgados y sentenciados sin una doble instancia como aforados. Zuccardi hizo esta petición antes de la definición de su caso, pues no ha sido condenada y está a la espera de su juicio. Pide garantías.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió para estudio el caso de la ex Senadora del Partido de La U, Piedad Zuccardi, procesada desde hace casi ocho años por sus presuntos nexos con grupos paramilitares en la Costa Caribe.
El proceso penal de Zuccardi comenzó en 2010, pero ella se entregó a la justicia en febrero de 2013, cuando se emitió su orden de detención por parte de la Corte Suprema de Justicia. De inmediato, en esa época, esta puso su caso a conocimiento de la Comisión Interamericana.
Solicitó la garantía de la doble instancia para los aforados (o personalidades con investiduras como los parlamentario) porque Colombia es uno de los países que suscribió los pactos de la OEA y la CIDH está bajo la jurisdicción de esta respetada organización, por eso, nuestra Nación debe cumplir con dichos acuerdos, dentro de los cuales se establece esa figura jurídica.
Desde el inicio de su caso penal, Zuccardi pidió medidas cautelares ante la CIDH e inició una batalla legal por sus garantías, entre ellas, la de un juez prestablecido. Es decir, un tribunal diferente a la Corte Suprema donde apelar un posible fallo en su contra, lo cual no existe en nuestro país para los aforados.
A pesar de dos o tres comunicaciones que le envió la CIDH a la Corte Suprema preguntándole si el caso de Piedad Zuccardi tenía una doble instancia, nunca hubo una respuesta de la máxima instancia de la justicia colombiana hacia el organismo internacional.
A Zuccardi ni siquiera le han puesto fecha para el inicio de su juicio. Lleva más de cinco años esperando que la Corte inicie esa etapa de su caso penal, en el cual se desmostraría si la reconocida líder política es culpable o inocente.
Con su decisión, la Comisión Interamericana acaba de confirmar que la excongresista sucreña ratificó en el 2013 sus peticiones porque no tiene garantías en su proceso, en vista de que en Colombia no existe, como en otros países que suscribiero el Acuerdo con la OEA, una doble instancia para las personas con investiduras de parlamentarios.
Condenados demanda a la Nación ante la CIDH
La citada Comisión Interamericana, con sede en Washignton, también aprobó 17 demandas en contra de Estado Colombiano instauradas por excongresistas condenados por nexos con paramilitares, entre ellos, Álvaro Araujo, Miguel Pinedo, Javier Cáceres, Mario Uribe, José María Imbett, Odín Sánchez, Ciro Ramírez, Jorge Noguera, Ulises Torres y Salvador Arana, entre otros.
Los demandantes no han cuantificado el monto de sus pretensiones económicas, pero reclaman una millonaria indemnización por parte de la Nación.
Según la emisora Blu Radio, todos estos congresistas alegan violación al derecho de acudir a la doble instancia para aforados, violación al debido proceso al no declararse nulidad de lo actuado por la Fiscalía y los jueces especializados antes de que la Corte Suprema asumiera los casos y violación del principio de legalidad y de la garantía del juez natural sobre la competencia de la Fiscalía en caso de renuncia a la investidura.
Recordemos que después de varios debates en el Congreso en el 2017, al fin, la doble instancia para los aforados en Colombia será un realidad, pero solo entrará en vigencia a mediados de este año.
A su turno, la Agencia Jurídica para la Defensa del Estado le argumentó a Blu Radio que «no existe controversia o duda alguna de que las conductas por las que fueron condenados los peticionarios se encontraban tipificadas al momento de la ocurrencia de los hechos en el Código Penal».
Lo que si no puede dudar la Agencia Jurídica es que aunque todos los llamados «parapolíticos» aforados fueron condenados basados en el Código Penal, tienen el derecho a un doble instancia, como los demás colombianos juzgados por la justicia ordinaria y sometidos al mismo Código Penal.
Este es el documento oficial de la CIDH
Por las anteriorios explicaciones, podemos asegurar que el caso de Zuccardi no es igual al de estos congresistas, que hicieron peticiones a la CIDH para condenar al Estado colombiano, después de haber sido sentenciados, porque la justicia nacional no les brindó la doble instancia como aforados. La ex Senadora sucreña hizo su solicitud a dicha Comisión antes de la definición de su proceso penal que no ha terminado y ellos, después de sus condenas. Otra diferencia es que esta no está pidiendo remuneración por parte de la Nación, sino que le reconozcan sus derechos.
La CIDH estudiará estás todas las demandas y emitirá recomendaciones que deberán ser acatadas por las autoridades colombianas.
