COLUMNA DE OPINIÓN
Nuevamente, sale a la luz, los presuntos escándalos de corrupción, relacionados con la administración de la Fiscalía General de la Nación y su conexión con bienes bajo extinción de dominio de grandes capos del narcotráfico en Colombia. Esta vez por cuenta de Fiscales adscritos a Unidad Nacional de Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía.
Los presuntos actos de corrupción, protagonizados por la Fiscalía supuestamente tienen nombre propio, se trataría de los Fiscales ELIZABET ARCE NAVARRETE y NELCY RODRÍGUEZ BELTRÁN, titulares de las Fiscalías Cincuenta (50) de Extinción de Dominio y Primera (1) Delegada ante la Sala de Extinción del Tribunal Superior de Bogotá, respectivamente, quienes tienen o han tenido bajo su conocimiento el expediente Número 6524 que vincula los bienes de un miembro del extinto Cartel de Medellín, el señor FABIO OCHOA VÁSQUEZ, quien se encuentra recluido en una prisión de Estados Unidos de América a donde fue extraditado desde Colombia por haber reincidido en el narcotráfico.
Los hechos corruptos que enredan a los funcionarios, tienen que ver con el trámite irregular y engavetamiento por más de diez años del expediente en mención sin resolver la Oposición judicial elevada por la familia BARRIOS nativos de la isla Barú, Bolívar (cercana a Cartagena) que reclaman el bien denominado Isleta o Hotel Agua Azul identificado con Matrícula Inmobiliaria 060-21311, de una extensión de 26 hectáreas, avaluado en la suma de 50.000 mil millones del cual habían sido despojados por un tercero, traspasado luego a la empresa PRODETUR LTDA de propiedad del narco OCHOA VÁSQUEZ y sus familiares; pero que inexplicablemente una vez ocupado con fines de extinción de dominio, la Sociedad de Activos Especiales (SAE), lo entregó a la misma compañía PRODETUR la cual dentro de este mismo expediente estaba siendo objeto también de extinción de dominio por haberse constituido y ejercer su objeto social con dineros del narcotráfico.
Pero los presuntos hechos de corrupción que salpican a los operadores judiciales, van más allá del trámite irregular y engavetamiento del expediente, puesto que estos servidores judiciales omitieron el cumplimiento de sentencias judiciales de tutela emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 12 de julio de 2022 que había obligado a resolver de fondo la oposición de entrega del bien instaurada en precedencia contra estas fiscalías por la familia BARRIOS de la cual hicieron caso omiso bajo el argumento deleznable de que no conocían la sentencia y la orden de tutela del alto Tribunal, cuando habían sido notificados y vinculados a esta acción por parte de los reclamantes, con lo cual se opusieron a las decisiones. Ante esto, fueron denunciados penal y disciplinariamente ante la Fiscalía General y la Comisión de Disciplina Judicial por haber incurrido estos en las conductas de prevaricato por omisión, fraude a resolución judicial, falsedad y supuesto favorecimiento a herederos de un narcotraficante, quienes a través de su propia empresa detentan la posesión y tenencia del bien.
Mediante la denuncia se dio a conocer que al interior del precitado expediente 6524, fueron engavetas, tramitadas irregularmente y omitidas de manera corrupta los diligenciamientos propios de esa actuación judicial con el propósito de mantener la posesión y tenencia del bien a una familia de narcos aun contraviniendo sendas decisiones judiciales de la Corte Suprema de Justicia e incluso de la misma Corte Constitucional que mediante fallo (SU-573 de 2017) reconoció derechos sobre el bien y dispuso su restitución jurídica a esta familia Barrios, nativa de Barú.
De la misma manera, como se ha venido acotando, estos funcionarios que parecen estar supuestamente encantados con el poder que da el dinero del narcotráfico, y no se dedican a impartir justicia, ya habían sido objeto de otra acción de tutela fallada por Tribunal Superior de Bogotá de septiembre 11 de 2019 en la que se llamó la atención por la dilación injustificada en el trámite del proceso, que incluso terminó oficiándose al Director Nacional de la Unidad de Extinción de Dominio y al Fiscal General para brindar una eficaz y pronta administración de justicia.
Llama poderosamente la atención de la actuación judicial extintiva que contrasta con los supuestos hechos corruptos cometidos por la fiscal NELCY RODRÍGUEZ BELTRÁN que dejó por nueve (9) meses engavetado el expediente en su despacho para resolver una nulidad pretermitiendo orden de la Corte Suprema que le dio cuarenta y cinco días (45) con el hecho también que la fiscal MERY ARCE NAVARRETE por más de diez años de tener solicitud de oposición para la entrega, manifieste el desconocimiento de sentencia proferida por la Corte Constitucional (SU-573 de 2017) que reconoció y dispuso la entrega del bien a los Barrios bajo el argumento que se trata de unos derechos herenciales que según su dicho no trasmite derechos de propiedad sobre el predio motivo de extinción, con la situación de mantener bajo ocupación ilícita el bien por parte de la familia OCHOA VÁSQUEZ quienes no solo usufructan el mismo bajo la modalidad de Hotel Resort Beach Agua Azul sin exigir pago alguno de los frutos y ganancias que públicamente rentan por hotelería y turismo en Cartagena.
Teniendo en cuenta que los hechos presuntamente corruptos publicados por este medio periodístico bajo las citadas denuncias que implican a altos fiscales de la Nación que sospechosamente han mantenida dormida dicha actuación judicial y en los que se observan alcances penales de prevaricato, fraude a resolución judicial, falsedad, favorecimientos, en una especie de supuesto contubernio entre funcionarios judiciales y narcotraficantes, se dará traslado de estos hechos al Fiscal General de la Nación para se tomen las medidas del caso y garantice los derechos de los legítimos reclamantes de los predios en Barú.
