CARTA ABIERTA A LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA
Por: Unidad Investigativa de La Otra Cara
Señor Rector de la Universidad de Cartagena, Édgar Parra Chacón, la presente carta abierta o artículo periodístico público tiene por objeto poner en conocimiento suyo y de la ciudadanía en general algunos hechos relacionados con los contratos, al parecer velados, al margen de la normatividad, que su institución educativa ha venido celebrando con diversas empresas, en las cuales siempre está la sombra del mismo contratista: el arquitecto Venancio Antonio Porras Tapias, quien supuestamente aparece en todos los negocios.
Este señor Venancio Porras, podría considerarse el Emilio Tapias de la Universidad de Cartagena, recordemos que Emilio Tapias es un célebre contratista actualmente condenado por corupción, que aparece en los grandes escándalos de país como el Carrusel de la Contratación en Bogotá, relacionado con la construcción de una troncal del transporte público Transmilenio en la Capital, y en el reciente caso de los 70 mil millones de pesos extraviados en el Ministerio de las TIC en el gobierno del presidente Iván Duque, que iban a ser destinados a llevarle Internet a los niños más pobres de Colombia.
La mayoría de los proyectos, de edificaciones de la Universidad de Cartagena realizados hasta la fecha por varias empresas, tienen una particularidad: Al parecer es Venancio Porras, quien ha ejecutado o aparece gestionando los contratos de esas construcciones para la institución educativa durante los últimos cuatro años.
Otro asunto grave es el hecho de que las edificaciones realizadas por las citadas empresas invaden los espacios públicos obligatorios, violando la normatividad urbanística (Ley 9 de 1989 y Ley 388 de 1997), pues, al parecer, el arquitecto, Porras Tapias, no respeta los parámetros y en una de las mencionadas construcciones no tramitó la licencia respectiva ante la Curaduría Urbana #1 de Cartagena.
Hay que decir que una universidad que construye una sola obra sin licencia, nos obliga a revisar todas las licencias de sus obras, pues un establecimiento educativo que tiene facultad de derecho y con otras facultades importantes, que le enseñan a la ciudadanía el buen comportamiento, no puede dar mal ejemplo social violando la ley.
Serán las autoridades las encargadas de verificar estos hechos denunciados por la comunidad y puestos en conocimiento ya ante la Fiscalía General de la Nación por nuestro portal.
Es necesario que esas autoridades revisen todos los proyectos de construcción de la UniCartagena, porque presuntamente se cometieron falsedades en las solicitudes, pues en una obra se puso una placa como si existiera la licencia para hacer la obra, cuando en verdad no la hay.
PRESUNTAS COIMAS
Además de todo esto, una fuente asegura que los contratistas, presuntamente, les ofrecen a los directivos de esa universidad el 20% del valor de cada contrato, con el fin de asegurar el negocio. Las autoridades deben indagar y descubrir si el señor Porras está dentro de ese no deseado grupo de contratistas y directivos con mala reputación.
Estos hechos cuestionables también serán denunciados ante la Fiscalía General, para que se investigue el eje financiero de los contratos y se sepa a qué funcionarios, de manera específica, supuestamente los contratistas le han entregado sobornos y si el arquitecto Venancio Porras hace parte del clan.
Los casos fraudulentos, presuntamente, cometidos por los constructores y supuestamente acolitados por la Universidad de Cartagena, van en contravía de los principios morales que esa institución educativa debe practicar y enseñar.
TAMBIÉN ES CONTRATISTA DE LA UNICARTAGENA
Como si fuera poco, si se dice que el arquitecto Venancio Porras, al parecer, controla la mayoría de los contratos de la UniCartagena y que los directivos universitarios están al tanto de los movimientos de este personaje, quien presuntamente, comete toda clase de irregularidades, pero no hacen nada.
¿Por qué Porras sigue trabajando como contratista en ese centro educativo superior a pesar de las anomalías en torno suyo?
En efecto, hay que solicitar a las autoridades competentes para que investiguen la parte financiera de todos los contratos, para saber hacia dónde se desvían los recursos y qué directivos de la universidad están ligados o si supuestamente reciben prebendas para que le sigan dando contratos al arquitecto Venancio Porras.
Si esto es así, entonces existen reiteradas violaciones a la ley y la ética con las cuales los directivos están nublando el buen nombre de la Universidad de Cartagena.
Porras, en las sombras, tendría el manejo de más de 10 contratos con dicha universidad, la cual, presuntamente, se ha convertido en un fortín económico al servicio de particulares, peor que las alcaldías y las gobernaciones.
LOS GRANDES NEGOCIADOS
Con el siguiente cuadro comparativo se evidencia que AP CONSTRUOBRAS S.A.S, DISOLCON S.A.S, CONSTRUCTORA GT&P S.A.S, MR INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S, D.P. CONSTRUARQUITEC S.A.S y el CONSORCIO OBRAS DE UNICARTAGENA 2019, conformado por CONSTRUCTORA GT&P y AP CONSTRUOBRAS, firmas en las que presuntamente está vinculado Venancio Porras, se distribuyen la contratación de las sedes: SAN JUAN NEPOMUCENO, PIEDRA DE BOLÍVAR, ZARAGOCILLA, CENTRO TUTORIAL MAGANGUE, CENTRO TUTORIAL CARMEN DE BOLÍVAR Y CENTRO TUTORIAL MOMPOX, entre otras.
En todas estas empresas supuestamente tendría sus tentáculos Venancio Porras.
UNA OBRA SIN LICENCIA
El Consorcio Obras de UniCartagena 2019 ejecutó obras de ampliación en la sede de Piedra de Bolívar de la citada universidad, sin licencia de construcción y sin tener en cuenta que estas intervenciones contemplaban grandes estructuras. La Curaduría Urbana #1 de Cartagena, donde una de las empresas supuestamente de Porra radicó el proyecto No. 130011180069/05 Feb.2018, ratificó que este se encontraba desistido y archivado (es decir, no tenía licencia), al parecer lo tramitaron sin ningún tipo de normativas, solo para justificar ante la ciudadanía su presunta legalidad.
Esta es la placa que instaló esa empresa, supuestamente de Porras, para argumentar que tenía la licencia de construcción.
Sin embargo, la Curaduría Urbana #1, en respuesta a un derecho de Petición, reveló que esa obra con el radicado No. 130011180069/05 Feb.2018 no tenía su aprobación y esta es la prueba…
Muchas de las obras que realizan la firma, supuestamente vinculadas a Porras, presentan problemas, pues las estructuras están dilatadas en sus placas y se pueden observar las grietas en los pisos.
¿Dónde están aplicados los principios de transparencia, economía y responsabilidad, de la ley 80? ¿Por qué las mismas empresas están coordinadas por el señor Venancio Porras, el cual está siempre presente en las diversas entregas de proyectos?
A todas luces se nota que Porras tiene, presuntamente, amarrados los contratos por una cifra que podría superar los 17 mil millones de pesos. Dicen que Venancio Porras es el hombre que maneja todo, pero que no aparece en nada.
El 4 de diciembre de 2019, un ciudadano elevó una queja disciplinaria y de control fiscal ante la Procuraduría General de la Nación, en contra la Universidad de Cartagena, a raíz de las irregularidades aquí mencionadas, pero hasta la fecha no hemos visto la intervención de esa autoridad del nivel nacional, pues el Ministerio Público, al parecer, no cumplió con el deber de inspeccionar el proceso contractual de las obras.
¿Hablando en términos de Béisbol cartagenero, será que la pelota de la corrupción picó en primera base y se extendió hasta el jardín central de las altas esferas del Estado?
Ahora, por petición de la comunidad, la Unidad Investigativa de La Otra Cara solicitará a la Red Colombiana de Veedurías Ciudadanas que investigue con sus expertos todos los presuntos hechos de corrupción en las obras de construcción de la Universidad de Cartagena.
A partir de este momento empecemos, entre todos los ciudadanos honestos, a construir un dique que detenga las aguas oscuras de la corrupción que inundaron y socavaron todas las esferas sociales, educativas y estatales de nuestra amada Cartagena y toda Colombia.
El Artículo 23º de la Ley 80 de 1993, refiriéndose a los principios de las actuaciones contractuales de las entidades estatales, dice que “Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía, responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo”.
Esperemos, pues, que los estudiantes, profesores, administrativos y directivos, entre otros, tengan mucho cuidado al elegir un rector que sea transparente, pulcro, digno de reconstruir en valores humanos a la Universidad de Cartagena.
