Algunos contratistas siguen jugando con la comida de los niños más pobres del país sin importarle las investigaciones de los organismos de control.
La Contraloría General de la Republica adelanta 2 procesos de responsabilidad fiscal por valor de $3.870 millones, debido a irregularidades en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el Departamento del Cesar.
Los procesos objeto del reproche fiscal son los siguientes:
1. Valor inicial del daño al Patrimonio Público: $2.075 millones
Irregularidades evidenciadas en la ejecución del contrato No. 2021-01-0012, cuyo objeto fue la “Prestación del servicio de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del Departamento del Cesar, acorde a los lineamientos técnico administrativos y estándares del programa de alimentación escolar (PAE) vigencia 2021 (zona Sur)”, suscrito entre el Departamento del Cesar y la Unión Temporal Contratista UNIDOS POR EL CESAR, por valor de $20.050 millones.
2. Valor inicial del daño al Patrimonio Público: $1.795 millones
Deficiencias en la ejecución del contrato de prestación de servicios No. 2021-01-0011, el cual tuvo por objeto la “Prestación del servicio de alimentación escolar a los niños, niñas y adolescentes escolarizados en las áreas rural y urbana del departamento del Cesar, acorde a los lineamientos técnico administrativos y estándares del programa de alimentación escolar (PAE), vigencia 2021 (zona norte)”, suscrito entre el Departamento del Cesar y la Unión Temporal NUTRICESAR por $17.511 millones.
Los procesos de responsabilidad fiscal tuvieron su origen en hallazgos fiscales detectados por la Contraloría Delegada para el Sector Educación, Ciencia y Tecnologías, Cultura y Recreación.
En ambas actuaciones se evidenció que la leche en polvo, que representa el 29% del valor pagado en materia prima de cada ración, tiene un incremento del 45% respecto al precio reportado por el DANE y el contratado por el departamento, mientras que productos como el aceite y la arveja se incrementaron en un 10% y 14%, respectivamente.
En desarrollo de este asunto, se vinculó a las compañías aseguradoras para garantizar el resarcimiento del daño al patrimonio. Igualmente, se está recolectando información patrimonial de los presuntos responsables.
