El contralor delegado y secretario privado José Antonio Soto revocó de un plumazo hallazgos por más de $100 mil millones en la Agencia Nacional de Infraestructura
Fueron más de cinco personas y seis meses de trabajo invertidos en una rigurosa auditoría a la ejecución de los recursos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que operaba bajo la jefatura política del ahora ex Vicepresidente Germán Vargas y de la entonces Ministra de Transporte, la barranquillera Natalia Abello. El foco de la investigación de la Contraloría General de la República, que comenzó a mediados de 2015, fue la construcción y rehabilitación de vías en el país en un trabajo de largo aliento que coordinó el auditor y contralor delegado Alberto Ruiz Poveda, acompañado por otros funcionarios y un experto externo que contrató la Contraloría para poder abordar de manera técnica el complejo tema.
Uno de los objetivos era desmenuzar el Contrato de Concesión 008 de 2010 de la ANI para la construcción de dobles calzadas de la Troncal de las Américas que conecta varios municipios de la costa con tramos entre Antioquia, Montería, San Marcos Sucre, Mompox, y el Banco Magdalena. El resultado de la investigación arrojó un preocupante hallazgo: un detrimento patrimonial de más de $100 mil millones de pesos en los contratos y otros sí que firmó la ANI con varios contratistas encargados de la ejecución de las obras.
La auditoría detectó que a pesar de que se habían contratado la construcción de dobles calzadas en la troncal de las Américas, a través de adiciones a los contratos se pagó una suma adicional de $86 mil millones, cambiando el objeto contractual y realizando rehabilitación y mantenimiento de la vía y no la construcción como se había pactado inicialmente. Según el auditor Alberto Ruiz, «ese tipo de cambio dado el modelo y los ingresos de la concesión se proyectaron en 82 mil millones de pesos por lo que el monto fue superior a lo que vale un mantenimiento de estas características». Los tramos de la vía donde se encontraron las irregularidades son, Apartado – Turbo; era doble calzada y se modificó para solo realizar un mantenimiento a la vía, entre Mompox y el Banco Magdalena se cambió mantenimiento rutinario por obras de mejoramiento y entre San Marcos y Majagual Guaranda, también se cambiaron las obras de construcción por simples obras de mantenimiento.
Pero cuando el informe ya había sido validado y aprobado por el Comité técnico de la Contraloría Delegada para el sector de la Infraestructura, que consideró que los hallazgos estaban totalmente soportados y apegados al sistema de gestión de calidad del proceso auditor con las evidencias válidas y suficientes, el jefe del ente de control fiscal tomó una decisión que nadie pudo explicar. El Contralor General Edgardo Maya nombró como Contralor Ad Hoc para el caso a uno de sus hombres de confianza, su secretario privado y contralor delegado para el sector social, José Antonio Soto Murgas.
Soto asumió el caso en remplazo del contralor Alberto Ruiz Poveda quien para ese entonces tomó una licencia de tres días. Las 48 horas en las que Soto Murgas estuvo al frente del caso le bastaron para que de un plumazo, como denunciaron el pasado 29 de marzo de 2016, los miembros del sindicato de la Contraloría SINALTRASE, revocara el informe inicial y determinara que los hallazgos no tenían ninguna repercusión fiscal.
«SINALTRASE, denuncia la desafortunada decisión que tomó el contralor Delegado adoc- José Antonio Soto Murgas, quien consideró sin ningún sustento técnico y financiero que los cambios de construcciones de vías por obras de rehabilitación en un contrato de concesión de la Agencia Nacional de Infraestructura no constituyen daño patrimonial».
La denuncia no era solo del sindicato. Fue el mismo auditor que coordinó la investigación quien puso de presente la extraña decisión con que en tiempo record se revocó un trabajo que había tomado meses y había requerido de una importante inversión en términos económicos y de capital humano por parte de la Contraloría General.
Pero el tema va más allá. Aunque la denuncia no fue ampliamente divulgada y sólo tuvo eco en algunos espacios regionales como en el programa radial Caliente y Picante, que conduce el periodista Carlos Cadena en la Emisora Radio Guarapuri en Valledupar, las evidencias comprometían las finanzas de la propia Contraloría donde según el Contralor Alberto Ruiz Poveda, también se habría generado un detrimento patrimonial.
El hecho de haber contratado a un experto por más de 6 meses, encargado de consolidar las evidencias y fundamentar técnica y financieramente el hallazgo, para que de la noche a la mañana el contralor delegado Ad Hoc Soto Murgas, decida retirarlo del informe a pesar de que se le habían cancelado importantes honorarios por su trabajo, habría generado también un detrimento patrimonial en la Contraloría de Edgardo Maya: «Tales decisiones dejan entrever una extraña posición de algunos contralores delegados frente a la labor de vigilancia del control fiscal y en nada contribuye al Fortalecimiento del control fiscal por no garantizar el rigor técnico que demanda la constitución del máximo órgano de control fiscal».
Aunque la queja le llegó directamente al Contralor Edgardo Maya no se conoce una respuesta de parte suya a los miembros del sindicato ni menos en los medios donde el tema no había tenido la difusión que le correspondería a una denuncia de esta naturaleza que proviene de funcionarios de la entidad y que ya está en manos del Procurador Alejandro Ordóñez quien evalúa el tema y podría tomar decisiones disciplinarias de llegar comprobar que en efecto se habría borrado de un plumazo y sin mayor justificación un informe soportado que comprometería a la joya de la corona del Vicepresidente Germán Vargas, como es la construcción de infraestructura vial en las carreteras del país.
*La oficina de prensa de la Contraloría prefirió abstenerse de comentar sobre el tema.
Tomado de las2Orillas.co
