La Denuncia que Estremece al Estado
Las recientes y graves denuncias del periodista Mauricio Castilla han puesto sobre la mesa un asunto que, aunque muchos sospechan, pocas veces se documenta con tal crudeza: la práctica del tráfico de influencias como moneda de cambio en los altos círculos del poder. La acusación es clara y contundente: se estaría pidiendo la cabeza del Director de la DIAN, por resistirse a asignar puestos de libre nombramiento y remoción a solicitud de un Ministro y un Senador de Córdoba, el Dr. Julio Elías Vidal. Este no es un rumor más; es la descripción de un delito que atenta contra el corazón mismo de la administración pública. La anunciada pérdida de investidura y la denuncia penal por parte de una Veedurías no hacen sino judicializar una práctica que el país ya no está dispuesto a tolerar.
El Tráfico de Influencias: Más que un Delito, una Corrosión Institucional
El tráfico de influencias, tipificado en el artículo 410 del Código Penal colombiano, no es un simple intercambio de favores. Es un mecanismo de perversión del Estado que convierte la función pública en un botín privado. La Corte Constitucional, en sentencia C-209 de 1997, lo definió como un ataque a la “imparcialidad e independencia de la administración”, subrayando que su esencia radica en “utilizar una influencia derivada de una relación personal o de la posición que se ocupa para obtener una ventaja injusta”.
Cuando un alto funcionario, como un Ministro o un congresista, utiliza su investidura para presionar el nombramiento de personas en cargos clave, no solo está cometiendo un delito. Está quebrando el principio de mérito y capacidad consagrado en el artículo 125 de la Constitución Política, que ordena que el ingreso a la carrera administrativa se haga “exclusivamente por concurso público de méritos”. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un fallo histórico (Radicado 50664 de 2019), fue enfática al señalar que estas conductas “vulneran la confianza ciudadana en las instituciones y constituyen una forma de corrupción que socava los cimientos del Estado Social de Derecho”.
La Extorsión como Método: El Caso Concreto de la DIAN
El núcleo de la denuncia trasciende el mero tráfico de influencias y roza la extorsión. Pedir un puesto de “manera extorsiva”, como lo plantea la veeduría, implica usar la amenaza velada o explícita de generar un perjuicio (en este caso, la remoción del Director) para obtener una ventaja indebida (el nombramiento de un allegado). Esto configura los elementos típicos del delito de extorsión del artículo 244 del Código Penal.
La posible remoción del Director de la DIAN por resistirse a estas pretensiones ilícitas es el epítome de la retaliación contra un funcionario que, en teoría, está cumpliendo con su deber de defender la integridad de una entidad clave para la seguridad fiscal del país. La Corte Constitucional, en la Sentencia T-123 de 2018, ha protegido a los funcionarios públicos que actúan como “whistleblowers” o denunciantes de corrupción, reconociendo que su labor es esencial para la supervivencia democrática. Si se confirma que el Director de la DIAN está siendo hostigado por no claudicar ante la presión, no es él quien debería marcharse, sino quienes intentan corromper la institución.
La Pérdida de Investidura: Un Mecanismo Constitucional al Servicio de la Ética
La figura de la pérdida de investidura, regulada en el artículo 183 de la Constitución y la Ley 5ª de 1992, es la herramienta idónea para enfrentar este tipo de escándalos. No se trata de una simple sanción política; es la consecuencia jurídica de haber violado el régimen de incompatibilidades e inhabilidades o de haber incurrido en falta disciplinaria grave. El Consejo de Estado, en múltiples fallos, ha sido claro al establecer que el abuso del poder para obtener beneficios personales o para terceros es causal más que suficiente para decretar la pérdida de la investidura.
La espera de “pruebas irrefutables” por parte de la veeduría ciudadana es un recordatorio del principio de legalidad que rige nuestro Estado de Derecho. Sin embargo, también es un llamado a la Fiscalía y a las autoridades disciplinarias a actuar con celeridad y firmeza. La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia (por ejemplo, en el proceso contra un ex-congresista, Radicado 39202 de 2016) ha demostrado que las pruebas en estos casos suelen ser circunstanciales pero robustas: comunicaciones, testimonios de funcionarios presionados y el patrón de nombramientos que benefician a una misma red.
Un País que se Cansa de la Impunidad
Colombia no soporta más estos métodos. La pregunta retórica de por qué duele que la gente trabaje contra la corrupción tiene una respuesta sencilla: porque toca los privilegios de quienes han convertido el Estado en su feudo. Cada vez que un funcionario se planta, como parece ser el caso del Director de la DIAN, y cada vez que la ciudadanía se organiza, como lo hace la Red Colombiana de Veedurías, se envía un mensaje poderoso: la impunidad tiene los días contados.
Este caso es una prueba de fuego. Exigimos a la Procuraduría General y a la Fiscalía que investiguen con rigor, sin temor a seguir los hilos hasta las más altas esferas. La democracia colombiana y la fe de sus ciudadanos en las instituciones dependen de que hechos como estos no queden en el olvido, sino que se conviertan en un precedente jurisprudencial que selle, de una vez por todas, que el tráfico de influencias y la extorsión no son “estilos de gestión”, sino delitos que serán perseguidos y castigados con todo el peso de la ley.
