Por José Félix Lafaurie Rivera.
Antes del ciclo de negociaciones con el ELN en Cuba, merece la pena revisar su soporte jurídico, la Ley 2272 de 2022, por la cual “… se define la política de paz de Estado”. No es un tema menor, porque en ella se autoriza al Gobierno a adelantar “Negociaciones con grupos armados organizados al margen de la ley con los que se adelanten diálogos de carácter político…”, una definición que tiene mucho que ver con la autopercepción del ELN y con el alcance del cese al fuego.
En efecto, el ELN se autopercibe como ejército regular en igualdad de condiciones con la Fuerza Pública…, y no lo es. En reciente comunicado, el COCE pretende que “nuestras acciones militares deben analizarse al igual que se analizan las operaciones de las fuerzas gubernamentales”. Por el contrario, la Ley 2272 deja claro que el reconocimiento político no “legaliza” al ELN, es decir, que el Gobierno negocia con un grupo “al margen de la ley”, es decir, ilegal, condición que no se borra en la Mesa.
¿Por qué esta autopercepción afectaría un acuerdo de cese al fuego? De la misma manera que la Mesa no borra la ilegalidad del ELN, tampoco borra la legitimidad constitucional de la Fuerza Pública ni sus obligaciones, también constitucionales, de proteger la vida y las libertades de los colombianos.
En este punto nos encontramos con una particular interpretación de la realidad por parte del ELN, una especie de dos “mundos estancos”; de una parte, el del “fuego”, que asimilan a sus “acciones militares” contra la Fuerza Pública, para ellos legítimas -en la última murieron 9 jóvenes colombianos-, y al que esperarían limitar en la Mesa el cese al fuego; y de otra, el mundo de sus actividades ilegales hostigando a la sociedad, al que nunca se refieren…, como si no existiera.
De hecho, mientras la agenda incluye el “cese del fuego y de hostilidades de carácter bilateral”, tanto en la Mesa como en sus comunicados públicos, el mundo de las hostilidades es totalmente “invisibilizado”. En una posición un tanto maniquea, el conflicto parece reducirse a respuestas legítimas a “la ofensiva paraestatal”.
En el editorial de la revista “Insurrección”, Antonio García afirma sin empacho que “Estando activa la Mesa (…) las Fuerzas Militares mantienen una ofensiva contra el ELN en distintos territorios, (…) actuando de manera conjunta con fuerzas narcoparamilitares”. – ¡Vaya anacronismo! -, para concluir que, “Como fuerza contendiente, mientras no haya un cese y se nos siga atacando tenemos el derecho a la defensa y al accionar de respuesta”. Y mientras así justifican su violencia contra la Fuerza Pública, de su hostigamiento a la sociedad…, ni una palabra, a pesar de ser un verdadero “Sistema de sometimiento” en lo económico, lo social, lo político y lo administrativo, al que no escapan las autoridades locales.
Sin embargo, “las hostilidades” (asesinato, secuestro, extorsión, minería ilegal, narcotráfico, etc.) son actividades ilegales que, por mandato constitucional, deben ser perseguidas por la Fuerza Pública, pero esa persecución es calificada por el ELN como ataques a los que tienen derecho a responder, en un infernal círculo vicioso de violencia.
¿Quién pierde? La gente en los territorios, la gente en las ciudades; “la población en su conjunto” que el Acuerdo de México define como “La principal protagonista y beneficiaria de estos acuerdos…”
Insisto; sin cese de hostilidades no puede haber cese al fuego. Un acuerdo que deje a la Fuerza Pública con las manos atadas contra la ilegalidad no pasa un examen de constitucionalidad, y lo que es más importante, no pasa el examen de una sociedad agobiada y hastiada por la violencia.
@jflafaurie
