Por Bernardo Henao Jaramillo.
Dios ilumina para que se imparta justicia. ¡Qué semana¡ Dos decisiones trascendentales en dos países suramericanos que demuestran que los pilares de la democracia, cimentados en la división de poderes se resisten a ser demolidos.
Una, la condena proferida por el Tribunal Federal Oral 2 de Argentina contra la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta. Es probable que se presente situación similar a la de Lula Da Silva, pero lo rescatable es que las instituciones conserven su independencia, la legitimidad del poder judicial y del servicio que éste debe brindar a su pueblo. Todo indica que la decisión se fundó en pruebas categóricas respecto a su responsabilidad y que, pese a los intentos, días atrás, de desviar la atención provocándose un grotesco auto atentado después de que la Fiscalía solicitara se le impusieran 12 años de prisión, su táctica no resultó. Por supuesto, es de esperar que los nacionales argentinos en el proceso electoral en ciernes y que concluirá en las elecciones presidenciales de 2023 so pesen la argumentación que llevó a su condena y adopten la decisión que, lógicamente, corresponda a los intereses del pueblo.
Cabe recordar que la línea política del peronismo, a la cual pertenece la condenada, es la gobernante, y si bien su actual aforamiento la protege de ser detenida, así como que el debido proceso le permite recurrir la sentencia, también lo es que la investigación duró tres años, que la mayoría de Argentinos consideran que Cristina está involucrada en hechos de corrupción y que el poder ejecutivo debe respetar las decisiones de sus jueces, eslabón fundamental del Estado de Derecho.
Esta actuación apenas comienza. Veremos una telenovela como las que en otras épocas hicieran famosa a la Argentina. Ella se revictimizará al estilo de Lula Da Silva y movilizará a sus electores con el objetivo de crear expectativas frente a su candidatura, para, posteriormente, tener la máxima influencia en los resultados electorales.
Y cuando apenas estábamos digiriendo la decisión judicial procedente del sur del continente, surgió la otra, el presidente peruano José Pedro Castillo Terrones dejó saber que procedería a disolver el Congreso de la Nación, por lo que, consecuencialmente, se instalaría un gobierno de emergencia, el que actuaría a través de decretos- ley. También manifestó que se procedería a una reforma de la justicia.
Ante tamaña determinación antidemocrática las reacciones no se hicieron esperar. Las restantes ramas del Poder del Perú, así como sus Fuerzas Militares y de Policía contundentemente la rechazaron. Estuvieron a la altura de sus deberes constitucionales, lo que conllevó a que el Congreso declarara la vacancia presidencial y el golpista fuera detenido. La vicepresidenta Dina Ercilia Boluarte Zegarra tomó las riendas del país y pasó a ocupar el sillón presidencial.
En cuanto al depuesto presidente peruano, no tenemos información de qué mosca puede haberle picado para que cometiese tamaña insensatez. Fue por lana y salió totalmente trasquilado. Fue evidente, al verse «cercado» por la inconformidad tuvo la genial idea de clausurar el Congreso. Una prueba más de su ineptitud, con las consecuencias por todos conocidas. En las redes virtuales jocosamente, a pesar de la gravedad de la situación, ésta se resumió en una frase: Despertó mandatario y se acostó presidiario. De resaltar la reacción y comportamiento de ciertos ciudadanos peruanos, quienes temiendo su fuga, corrieron a bloquear con sus vehículos el ingreso a las embajadas donde podría intentar refugiarse para no ser detenido.
En Colombia el presidente Gustavo Petro, a pesar del respaldo que le había brindado a su amiga Fernández, hasta donde se conoce, guardó silencio ante su condena. Pero es inquietante su postura en las redes, particularmente en Twitter, donde exclusivamente solicitó a la “CIDH aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y expedir medidas cautelares en favor del ahora ex presidente del Perú. Se ha conculcado el derecho a elegir y ser elegido y a tener un tribunal de juzgamiento independiente”.
No extraña la posición del presidente colombiano, a quien le preocupa perder un aliado para su causa ideológica, pero su petición no será atendida por la CIDH, pues, ésta, en comunicado fechado el 8 de diciembre, sentó claramente su postura al respecto: “La Comisión reconoce la actuación inmediata de las instituciones del Perú en defensa de la democracia para evitar la concreción del quiebre institucional y reafirma que aquella debe ser resguardada por la vigencia del Estado de derecho…”.
Luego, señor presidente Petro, entienda usted que su llamado es por completo errado. El depuesto presidente Castillo deberá ser juzgado con todo rigor por la justicia peruana. Entonces, Petro debe ser coherente con su posición de la no injerencia en asuntos de otros Estados, haciendo eco de su decir al exvicepresidente de los Estados Unidos Mike Pence “(…) debe respetar la independencia del poder judicial de Colombia y que deje de intervenir en nuestros asuntos internos”.
Independencia del poder judicial que, además, está llamado y obligado a acatar el señor presidente de Colombia no sólo frente a otros Estados sino al interior del país. Por lo que su intervención respecto a quienes se hallan detenidos o sentenciados de la llamada primera línea es totalmente arbitraria.
Desde que estaba en campaña ha querido que los dejen libres. Pretende provocar y causar un golpe sin antecedentes a la rama judicial, que es independiente y esto motivó una muy acertada declaración del presidente del Tribunal Superior de Bogotá, magistrado Hugo Alexander Ríos, en el sentido de que es equivocado decir que los capturados y judicializados en el marco de las protestas son víctimas de persecución judicial o decisiones acomodadas. En criterio del magistrado están privados de la libertad como consecuencia de medidas de aseguramiento ordenadas por los jueces “(…) sobre las bases de un ordenamiento jurídico, son decisiones legítimas.”, añadiendo que se adoptaron contra personas que atentaron contra la vida de las personas, su integridad y sus bienes. Luego, resulta un contrasentido acudir a la ley de paz total para “purgar” sus delitos.
Immanuel Kant expresó “El gobernante y el pueblo o un pueblo y otro, no son injustos entre sí si se hostilizan por violencia o por astucia. La injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respeta el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua”. Entonces, el señor Petro no debe desatender los campanazos que vienen del Sur de Latinoamérica y de los jueces del país que gobierna. El hacerlo traerá las obvias consecuencias.
