hotel agua azul en barú

Supuesta Corrupción en la Fiscalía General, presuntamente auspiciada por el Narcotráfico en caso Barú

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COLUMNA DE OPINIÓN

Nuevamente, sale a la luz,  los presuntos escándalos de corrupción, relacionados  con la  administración de la Fiscalía General de la Nación y su conexión con bienes bajo extinción de dominio de  grandes capos del narcotráfico en Colombia.  Esta vez por cuenta de Fiscales adscritos a Unidad Nacional de Extinción de Dominio y Contra el Lavado de Activos de la Fiscalía.

Los  presuntos actos de corrupción, protagonizados por la Fiscalía supuestamente tienen nombre propio, se trataría de los Fiscales ELIZABET ARCE NAVARRETE y NELCY RODRÍGUEZ BELTRÁN, titulares de las Fiscalías Cincuenta (50) de Extinción de Dominio y Primera (1) Delegada ante la Sala de Extinción del Tribunal Superior de Bogotá, respectivamente, quienes tienen o han tenido bajo su conocimiento el expediente  Número 6524 que vincula los bienes de un miembro del extinto Cartel de Medellín, el señor FABIO OCHOA VÁSQUEZ, quien se encuentra recluido en una prisión de Estados Unidos de América a donde fue extraditado desde Colombia por haber reincidido en el narcotráfico.

Los hechos  corruptos que enredan a los funcionarios, tienen que ver con el trámite irregular y engavetamiento por más de diez años del expediente en  mención  sin resolver la Oposición judicial elevada por la familia BARRIOS  nativos de la isla Barú, Bolívar (cercana a Cartagena) que reclaman el bien denominado Isleta o Hotel Agua Azul identificado con Matrícula Inmobiliaria 060-21311, de una extensión de 26 hectáreas, avaluado en la suma de  50.000 mil millones del cual habían sido despojados por un tercero, traspasado luego a la empresa PRODETUR LTDA de propiedad del narco OCHOA VÁSQUEZ y sus familiares; pero que inexplicablemente una vez ocupado con fines de extinción de dominio, la Sociedad  de Activos Especiales (SAE), lo entregó a la misma compañía PRODETUR  la cual  dentro de este mismo expediente  estaba siendo objeto también de extinción de dominio por haberse constituido y ejercer su objeto social   con dineros del narcotráfico.

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Denuncia contra los citados fiscales del caso Barú.

Pero los  presuntos hechos de corrupción que salpican a los operadores judiciales, van más allá del trámite irregular y engavetamiento del expediente, puesto que estos servidores judiciales  omitieron el cumplimiento de sentencias judiciales de tutela emitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del 12 de julio de 2022 que había obligado  a resolver de fondo la oposición de entrega del bien instaurada en precedencia contra estas fiscalías  por la familia BARRIOS de la cual hicieron caso omiso bajo el argumento deleznable de que no conocían la sentencia y la orden de tutela del alto Tribunal, cuando habían sido notificados y vinculados a esta acción por parte de los reclamantes, con lo cual se opusieron a las decisiones. Ante esto, fueron denunciados penal y disciplinariamente  ante la Fiscalía General y la Comisión de Disciplina Judicial por haber incurrido estos en las conductas de prevaricato por omisión, fraude a resolución judicial,  falsedad y supuesto favorecimiento a herederos de un narcotraficante, quienes a través de su propia empresa detentan la posesión y tenencia del bien.

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Tutela fallada por la Corte Suprema de Justicia en caso Barú.

Mediante la denuncia se dio a conocer que al interior del precitado expediente 6524, fueron engavetas, tramitadas irregularmente y omitidas de manera corrupta los diligenciamientos propios de esa actuación judicial con el propósito de mantener la posesión y tenencia del bien a una familia de narcos aun contraviniendo sendas decisiones judiciales de la Corte Suprema de Justicia e incluso de la misma Corte Constitucional que mediante fallo (SU-573 de 2017) reconoció derechos sobre el bien y dispuso su restitución jurídica a esta familia Barrios, nativa de Barú.

De la misma manera, como se ha venido acotando, estos funcionarios que parecen estar supuestamente encantados con el poder que da el dinero del narcotráfico, y no se dedican a impartir justicia, ya habían sido objeto de otra acción de tutela fallada por Tribunal Superior de Bogotá de septiembre  11 de 2019 en la que se llamó la atención por la dilación injustificada en el trámite del proceso, que incluso terminó oficiándose al Director Nacional de la Unidad de Extinción de Dominio y al Fiscal General para brindar una eficaz y pronta administración de justicia.

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Tutela fallada por el Tribunal Superior de Bogotá en el caso Barú

Llama poderosamente la atención de la actuación judicial extintiva que contrasta con los supuestos hechos corruptos cometidos por la fiscal NELCY RODRÍGUEZ BELTRÁN  que dejó por nueve (9) meses engavetado el expediente en su despacho para resolver una nulidad pretermitiendo orden de la Corte Suprema  que le dio cuarenta y cinco días (45) con el hecho también que la fiscal MERY ARCE NAVARRETE  por más de diez años de tener solicitud de oposición para la  entrega,  manifieste el desconocimiento de sentencia proferida por la Corte Constitucional (SU-573 de 2017) que reconoció y dispuso la entrega del bien a los Barrios bajo el argumento que se trata de unos derechos herenciales  que según su dicho no trasmite derechos de propiedad sobre el predio motivo de extinción, con la situación de mantener bajo ocupación ilícita el bien por parte de la familia OCHOA  VÁSQUEZ quienes no solo usufructan el mismo bajo la modalidad de Hotel Resort Beach  Agua Azul sin exigir pago alguno de los frutos y ganancias que públicamente rentan por hotelería y turismo en Cartagena.

Teniendo en cuenta que los hechos presuntamente corruptos publicados por este medio periodístico  bajo las citadas denuncias que implican a altos fiscales de la Nación que sospechosamente han mantenida dormida dicha actuación judicial  y en los que se observan alcances penales de prevaricato, fraude a resolución judicial, falsedad, favorecimientos, en una especie de supuesto contubernio entre funcionarios judiciales y narcotraficantes, se dará traslado de estos hechos al Fiscal General de la Nación para se tomen las medidas del caso y garantice  los derechos de los legítimos reclamantes de los predios en Barú. 

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La Otra Cara es un portal de periodismo independiente cuyo objetivo es investigar, denunciar e informar de manera equitativa, analítica, con pruebas y en primicia, toda clase de temas ocultos de interés nacional. Dirigida por Sixto Alfredo Pinto.


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