Rubén Darío Granda, el vigilante de los dineros del Postconflicto

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Luego de haberse implementado el Acuerdo de Paz entre el entonces gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las Farc-ep en La Habana (Cuba) en 2016, las diferentes administraciones que han dirigido al país tienen la misión de ejecutar dicho pacto en las épocas del postconflicto, para que los excombatientes puedan dejar ese mundo de violencia pasado y reincoporarse a la vida civil del país en forma digna.

Sin embargo esos gobiernos no lo han logrado porque falta una gran cantidad de recursos y especialmente porque los dineros destinados para ese fin han sido malgastados o se han perdido sin los resultados anhelados.

La Contraloría General creó en 2017 la Delegada para el Postconflicto con el fin de vigilar los recursos destinados por la Nación para la implementación de ese Acuerdo de Paz y las ayudas provenientes de otros países con el mismo fin.

Pero el ente de Control ha encontrado graves fallas en el manejo de esos dineros  y ha emitido seis (6) informes en los cuales se demuestran esas anomalías.

Además la entidad reiteró que la implementación total del acuerdo de La Habana solo se lograría en unos 26 años, como se puede observar en esta cita textual de unos de los documentos emitidos por la Contraloría.

«Si bien la ejecución de recursos presenta un crecimiento anual promedio de 5% desde la firma del Acuerdo hasta la fecha, el avance de la implementación aún es insuficiente para cumplir con lo planeado en el Plan Marco de Implementación. En ninguno de los años, desde 2017, se ha ejecutado la totalidad de los recursos previstos en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) por lo que, a este ritmo (en promedio $5,6 billones anuales), la implementación del Acuerdo Final se lograría en 26 años», se lee en el mencionado informe.

No obstante hay que recordar que esos informes fueron realizados basados en las proyecciones de los gobiernos pasados que poco avanzaron en dicha implementación del Acuerdo de Paz, pero las políticas de la nueva Presidencia de Gustavo Petro Urrego, es diferente y tiene entre sus prioridades agilizar los compromisos del Pacto de Cuba.

Al punto que es uno de los temas fundamentales de la reciente Reforma Tributaria aprobada en el Congreso de la República, con la cual se le piensa inyectar al caso de la paz una gran cantidad de dineros para lograr el objetivo  a un corto tiempo, es decir ya no serían los 26 años de que hablaba la Contraloría, con lo cual ese tiempo podría reducirse a la mitad.

Pero el Gobierno necesita un acompañamiento especial de alguien que vigile esa enorme cantidad de recursos y esa tarea fundamental le corresponde al Contralor General Carlos Hernán  Rodríguez Becerra y a su mano derecha en materia de Postconflicto, el delegado para el sector  Rubén Darío Granda Escobar, un experto y amplio conocedor de los temas de paz en el país.

El Contralor dijo en los medios de comunicación sobre Granda: “Es un hombre serio, preparado. Y ya que hay tantas dudas y quejas por la implementación y ejecución de los recursos de la paz, pues que de manera directa una persona así esté al frente de ese equipo”.

Granda es ingeniero mecánico, tiene dos maestrías, cinco especializaciones (una especialización en gestión de costos y otra en gestión ambiental y en derecho disciplinario) y ha publicado varios libros y artículos, siendo también catedrático universitario del orden nacional e internacional.

Además, entre febrero de 2015  y julio de 2022 se desempeñó como abogado litigante en Nicaragua, por todas esas razones Granda tiene las calidades y cualidades éticas, morales e intelectuales para supervisar y lograr que se concreten los planes de la paz.

En este link pueden conocer la gran Hoja de Vida Rubén Darío Granda 2022.

El Contralor Rodríguez y el Delegado Granda serán los garantes para vigilar que los dineros de la paz lleguen a su verdadero destino y se concrete este vital asunto para el bienestar de la Patria.

El Delegado para el Postconflicto tiene la misión de recuperar para el Estado los ya dineros malversados y alertar o evitar que los nuevos recursos que se conseguirán con la Tributaria no queden en el limbo.

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