Una comunidad se vio en la obligación de desplazarse hacia el casco urbano del citado municipio chocoano porque fue objeto de amenazas y señalamientos de ser informantes del bando contrario. Son cerca de 140 personas, el equivalente a 27 familias. La Defensoría del Pueblo ofició a las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Atención y Reparación a las Víctimas para que implementen medidas que permitan atender a la población afectada.
Una grave situación humanitaria padecen los habitantes del municipio de Juradó, en el departamento del Chocó, debido a enfrentamientos que sostuvieron el 9 y 10 de diciembre integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) Clan del Golfo. Los combates obligaron a la mayoría de sus habitantes a confinarse.
“Nuestros funcionarios de la Regional Chocó asistieron a un consejo extraordinario de seguridad, en el que reiteraron a todas las instituciones del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a Víctimas que pongan en marcha las medidas necesarias para que sea atendida la población afectada”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.
En la comunidad Eyazaque, del resguardo Nusí Purrú, miembros de uno de los grupos ilegales amenazaron a quienes allí habitan. En la comunidad Cedral, los pobladores quedaron en medio del fuego cruzado. Ambas están confinadas.
La comunidad Amba Patato también fue objeto de amenazas y señalamientos de ser informantes del bando contrario, lo que originó el desplazamiento de 137 personas (27 familias) hacia el casco urbano de Juradó, cabecera en la que, por combates entre las dos estructuras armadas, una mujer indígena y un adulto mayor fueron asesinados.
“En el consejo de seguridad, adicionalmente, solicitamos para los líderes étnicos y las personas que están amenazadas de muerte protección especial hasta que sea activada una ruta segura que permita evacuarlos. Sus derechos a la integridad y vida deben ser protegidos”, expresó el Defensor del Pueblo.
Un joven amenazado, que estaba siendo protegido en el casco urbano de Juradó, decidió salir hacia Bahía Solano para solicitar más seguridad, sin embargo, cuando iba abordo de una lancha de transporte público fue interceptado por criminales; hasta el momento, se desconoce su paradero.
Juradó cuenta, además de su cabecera municipal, con 14 comunidades indígenas, que pertenecen a cuatro resguardos, y cinco corregimientos afro. En casi todos, sus habitantes son susceptibles de la vulneración de derechos por el ELN y las AGC.
“Necesitamos que las autoridades de los distintos niveles implementen una estrategia integral de protección para los moradores no únicamente de Juradó, también de la subregión del Pacífico Norte, la cual incluye otros dos municipios, como lo son Nuquí y Bahía Solano. En los tres hay una exacerbación de la violencia armada”, señaló Camargo Assis.
El Defensor del Pueblo también le solicitó a la fuerza pública mayor presencia en los territorios afectados: “Para que así sean contenidos todos los riesgos a los que están expuestos los habitantes de Juradó y sus áreas vecinas. Tener el control efectivo de la situación es salvaguardar los derechos fundamentales de las comunidades”.
A partir del microtráfico, se generan los recursos que dan lugar al tráfico de activos ilícitos, y con ello, a todo el entramado de corrupción, violencia e incluso agudización del conflicto armado. Dejar de perseguirlo y combatirlo es abrir la puerta para que siga prosperando como alimento para vulnerar los derechos humanos en Colombia.
“Los alcaldes son los llamados a servir como garantes en la atención y cuidado de los niños, niñas y adolescentes. No podemos olvidar que, sobre cualquier consideración, los derechos de los menores de edad son de especial protección constitucional, por lo tanto, priman sobre los derechos de los demás”, enfatizó el Defensor del Pueblo de los colombianos.
Defensoría pide comprometerse con las comunidades del Chocó
La Defensoría del Pueblo, a través de su Delegada para la Orientación y Asesoría a las Víctimas del Conflicto Armado, participó en el “Foro por la paz y la tranquilidad del territorio” que se realizó en el municipio de Itsmina, en el Chocó, donde las comunidades de la subregión del Medio San Juan expresaron su preocupación por la situación de seguridad en el departamento.
El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, solicitó el compromiso del ELN para no confinar a las comunidades, no secuestrar y no vincular niños, niñas a grupos armados.
En este evento hubo una escasa presencia de las entidades territoriales. Por esta razón, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado al compromiso con las comunidades del Chocó e invitó a realizar un trabajo articulado en favor de los derechos de la población civil de la zona.
