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Como resultado de esta evaluación, se encuentra que existe una debilidad notoria en la política pública de vivienda para salvaguardar el derecho a una vivienda digna de la población indígena.
Los beneficiarios de subsidios de vivienda nueva y mejoramientos manifiestan falta de monitoreo sobre las condiciones de las viviendas entregadas y la calidad de los servicios públicos.
Aunque goza de una condición especial de protección constitucional, la población indígena del país, que representa el 4.4% del total nacional, en el periodo 2014-2022 solo recibió el 2.25% de los recursos asignados por los Ministerios de Vivienda y de Agricultura para la política de subsidios de vivienda urbana y rural.
Así lo revela un estudio sectorial que realizó la Contraloría General de la República, con el objeto de evaluar la Política Pública de Vivienda para esta población.
Una conclusión es que Colombia no cuenta con el cálculo del déficit habitacional específico para la población indígena, lo que hace imposible determinar si la Política Pública está siendo eficaz y eficiente.
El ente de control expresa preocupación sobre el desarrollo de esta política pública, debido a que no se tiene en cuenta que el 92% de la población indígena se encuentra en condición de pobreza, situación que dificulta el cierre financiero por la imposibilidad de acceder a créditos y, por ende, la posibilidad de obtener una vivienda.
Tras visitar 429 viviendas otorgadas por el Gobierno Nacional a las comunidades indígenas de los pueblos Pastos, Wayúu, Kamentsa, Nasa, Tikuna, y Zenú, la Contraloría General ha identificado una significativa debilidad en la política pública dirigida a garantizar el derecho a una vivienda digna para la población indígena.
Inicialmente, se encuentra un Desajuste de la Política Pública de Vivienda para las comunidades indígenas, que se traduce en falta de metodología para calcular el déficit habitacional de esta población.
La metodología establecida para el cálculo del déficit habitacional en Colombia establece que “… se excluyen a los hogares que habitan en viviendas étnicas o indígenas. Esto se hace con el fin de poder aplicarles una metodología que sea exclusiva para este tipo de viviendas y que reconozca las particularidades de su naturaleza estructural y de habitabilidad.”, Sin embargo, aún no se aplica esa nueva metodología, que reconozca dichas particularidades. Esto hace que se no se pueda tener cuantificada la magnitud del problema.
Pero, además, los objetivos de la Política Pública de Vivienda no abordan las necesidades específicas de los pueblos indígenas en Colombia.
También se encuentra que la formulación de la política pública de vivienda urbana no contempla las particularidades culturales de la población indígena.
De igual manera, los Planes Nacionales de Desarrollo (2014-2018 y 2018-2022) no incluyen un enfoque diferencial que permita a los pueblos indígenas acceder a beneficios de vivienda adecuados a sus condiciones económicas y características culturales.
Deficiencias en la implementación y seguimiento
De acuerdo al estudio realizado conjuntamente por la Contralorías Delegadas de Vivienda y Saneamiento Básico y de Población Focalizada, los beneficiarios de subsidios de vivienda nueva y mejoramientos han manifestado falta de monitoreo sobre las condiciones de la viviendas entregadas y la calidad de los servicios públicos, lo que impide mejorar las condiciones de vida de la población indígena.
Un dato revelador es que de las viviendas subsidiadas en el periodo evaluado y que hicieron parte de las visitas realizadas por la Contraloría, el 62% están terminadas, el 24% no han sido construidas ni entregadas, y el 14% están inconclusas o sin terminar.
De acuerdo con la encuesta de percepción realizada a los beneficiarios de los subsidios, el 80% de ellos consideró que las viviendas subsidiadas no fueron construidas teniendo en cuenta su cultura y costumbres.
Tan solo 150 de las 429 viviendas visitadas, tenían acceso a los tres servicios públicos básicos (Acueducto, alcantarillado y energía eléctrica).
Asignación insuficiente de recursos
Se determinó que solo el 2.25% de los recursos disponibles para subsidios de vivienda (18.45 billones de pesos constantes de diciembre de 2022) se han asignado a hogares indígenas, una cifra insuficiente para proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas colombianos en términos de vivienda.
Requisitos inaccesibles para la población indígena urbana
Otro escollo es que la necesidad de bancarización para acceder a los subsidios de vivienda persiste, lo que dificulta el acceso al sistema financiero para los indígenas urbanos, a pesar del puntaje especial para las comunidades indígenas.
Conclusiones y recomendaciones
La Contraloría General de la República concluye este estudio haciendo un llamado al Gobierno Nacional para que se implemente de inmediato la metodología para el cálculo del déficit habitacional de la población indígena, insumo básico para el diseño de la Política.
Así mismo recomienda, que la asignación de recursos para subsidios en población indígena sea más equitativa y proporcional al total de su población en el país, teniendo en cuenta su condición de sujeto de especial protección constitucional.
Finalmente, el ente de control advierte la necesidad imperante de que las viviendas para la población indígena respeten los usos y costumbres de estas comunidades, con el fin de preservar su cosmovisión y garantizar su permanencia en la misma.
