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Nueve Entidades Territoriales Certificadas (ETC) presentan posibles riesgos de cobertura, ya que proyectan iniciar la prestación del servicio de alimentación escolar, 30 días después del inicio del calendario escolar. Se trata de Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga. Desde diciembre del 2022, a estas 9 ETC les fueron asignados más de $124 mil millones para la vigencia 2023 destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Alrededor de 530.000 niños, niñas y adolescentes en el país están en riesgo de no recibir el servicio de alimentación escolar durante el primer mes del Calendario Escolar de la vigencia 2023, identificó la Contraloría General de la República en el marco del seguimiento al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en todo el país, que realiza a través de la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana y en articulación con el Ministerio de Educación Nacional y la Unidad de Alimentos Para Aprender (UAPA).
Del total de 97 Entidades Territoriales Certificadas (ETC), 9 de ellas (Córdoba, Valledupar, Sucre, Yopal, Santa Marta, Quibdó, Buenaventura, Neiva y Ciénaga) presentan riesgo de incumplimiento en el inicio oportuno, debido a una ineficiente planeación para la realización de los procesos de contratación.
A corte del 23 de enero de 2023, Yopal y Neiva declararon desierto el proceso de contratación, Sucre planea iniciar el 15 de marzo, Córdoba está sin prórroga, Santa Marta no ha iniciado proceso de contratación, Valledupar recién empezó proceso de adjudicación, Buenaventura informó estar en rueda de negocio bursátil y Quibdó adjudicó ese mismo 23 de enero.
Deben acatarse principios de planeación en la contratación
La Contraloría General de la República hace un llamado de atención a estas 9 ETC, ya que desde el 7 de diciembre de 2002 (a través de la Resolución No. 359) les fueron asignados más de 124 mil millones de pesos para ejecución del PAE vigencia 2023 en sus territorios.
De igual manera, el organismo de control puso de relieve la situación de la ETC Ciénaga, que durante la vigencia 2022 entregó únicamente Ración Industrializada y en 2023 inició oportunamente su operación, pero corre el riesgo de suspensión del PAE por contar con sólo dos semanas de ejecución a través de recursos de vigencias futuras.
A este mismo corte, de las 97 Entidades Territoriales Certificadas, 60 iniciaron calendario escolar el pasado 16 de enero, y sólo 45 de estas dieron inicio a la prestación del servicio PAE, por lo que desde las competencias preventivas que tiene la Contraloría, se hace igualmente un llamado de atención a las 15 Entidades Territoriales Certificadas que no cumplieron con este criterio.
La Contralora Delegada para la Participación Ciudadana, Alexandra Rodríguez Vela, recordó que “El acatamiento a los principios de planeación en los procesos de contratación deben prevalecer en el territorio nacional para garantizar que el servicio de alimentación escolar se brinde desde el primer día y sin interrupción durante el calendario escolar, como se determina en la Ley 2167 de 2021”.
